Con algunas excepciones, la modernización de la Administración Pública sigue siendo una asignatura pendiente. Un escenario de potencial mejora que la pandemia se ha encargado de evidenciar: con el confinamiento, muchos de sus servicios se vieron obligados a parar. Procedimientos y gestiones que, por ejemplo, requerían presencialidad no pudieron afrontarse de otra manera, generando un bloqueo en el servicio y, en consecuencia, de la actividad de todos (ciudadanos y empresas).
La inversión prevista por los fondos Next Generation supone un punto de inflexión en esta carrera. Este instrumento de financiación puede conseguir que las administraciones den el salto definitivo al siglo XXI. Sin embargo, se requieren unas determinadas condiciones para asegurar que el viaje no sea de ida y vuelta. Una transformación articulada no solo como un paso del ‘papel’ a lo ‘electrónico’, de lo presencial a lo online, sino como un nuevo paradigma en la gestión de las políticas y los servicios públicos que ofrece a la sociedad en general y al ciudadano en particular.
Administración y ciudadanía: de tú a tú
En primer lugar, la transformación digital de las administraciones implica un cambio en la relación que establecen con el ciudadano con un objetivo: ser más ágil y efectiva. Serlo, además, en un contexto en el que sus necesidades y exigencias también han evolucionado. Se demandan servicios más personalizados, fáciles de usar, inclusivos y accesibles, que dejen atrás un lenguaje más propio de otro siglo.
La Administración debe atender a los ciudadanos comprendiendo que son personas y mediante una visión 360º de sus necesidades. El ciudadano demanda una comunicación bidireccional y proactiva que, al mismo tiempo, le dote de más autonomía. Un nuevo modelo que, en definitiva, facilite su vida. Un trabajo que no solo apela a la Administración: el ciudadano tiene que desarrollar las competencias necesarias para que funcione. Un salto que deben hacer de la mano. El margen de mejora es tan grande como las oportunidades que pueden surgir de esta búsqueda.
Una Administración Pública ‘data-driven’
El corazón de esta transformación hacia el ciudadano son los datos, y su correcta implantación dependerá de cómo se articule su utilización. No solo se trata de facilitar una mejor gestión de los datos disponibles. Transformar significa sacar valor a esa información. Para ello, hay un paso previo fundamental: la ordenación rigurosa. Organizar y gobernar esa información es otro proyecto estrella que se abre paso con la digitalización. Sobre esta base estable, tecnologías como la Inteligencia Artificial, y la compartición y tratamiento de la información a través de tecnologías Big Data, nos dirigen hacia una Administración Publica ‘data-driven’ capaz de captar, recoger, ordenar y sacar valor de esos datos. Una demanda que se ha hecho evidente, por ejemplo, para diseñar y ejecutar la campaña de vacunación del covid-19. Un escenario del que surgirán grandes oportunidades de financiación.
En esta línea, es imprescindible actualizar las infraestructuras tecnológicas de las Administraciones Públicas para avanzar hacia el desarrollo de una arquitectura de información que soporte la visión transversal de estos datos “como servicio” (“as-a-service”). Hay que depurar procesos, automatizar de forma inteligente y construir nuevas arquitecturas y hacer uso de nuevos modelos de provisión de capacidades. Hacerlo, al mismo tiempo, bajo un modelo que aumente su disponibilidad y seguridad y reduzca el consumo eléctrico y las emisiones contaminantes que genera su mantenimiento. Digitalizar también tiene un impacto verde.
Ecosistemas conectados: más es mejor
Generar ecosistemas digitales en los que se comparta información y servicios es imprescindible para poder ofrecer un mejor servicio al ciudadano. Integrar, vertebrar y cohesionar información facilitará la reducción de la brecha digital -y transversal- que afecta a la oferta de servicios por parte de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Pero la configuración de una nueva Administración del siglo XXI pasa por crear espacios de intercambio de información no solo entre administraciones, también entre la esfera pública y privada. Ambas transitan lugares comunes, en cadenas de valor como la movilidad, de los que surgirán grandes proyectos de mejora.
Como vemos, la digitalización de la Administración Pública es uno de los ámbitos en los que incide de forma más directa la inversión prevista por los fondos Next Generation, cuyas principales líneas se recogen de forma detallada en el Plan España Digital 2025. Estamos ante un instrumento de recuperación de dimensiones históricas articulado no como un plan de contención -que también- sino de ataque. El objetivo: una verdadera transformación digital en la que la gestión pública ocupe un papel protagonista.
La tecnología solo por la tecnología no tiene sentido. Desde everis entendemos que la llegada de estos fondos (se estima que la cifra de inversiones a desembolsar podría superar el 3% del PIB anualmente) debe obedecer a un enfoque práctico y de valor a largo plazo impulsado, eso sí, en la consecución tangible de cada proyecto.
La naturaleza de los fondos Next Generation no pasa por ‘gastar’ sino por ‘ejecutar’ mejoras que, mediante la digitalización, logren conectar la Administración España con sus ciudadanos. Para conseguirlo, los proyectos desplegados deben abordarse desde una perspectiva de visión planificada – un modelo aspiracional de transformación, pero pragmática – un plan de proyecto tangible y viable, paso a paso. Lo demanda la sociedad, lo exige la economía, lo necesita el ciudadano.
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